domingo, 28 de junio de 2009

Guardería ABC de Hermosillo, un crimen de Estado.


Los criollos en el poder se cubren unos a otros. El costo mensual de un niño en una guardería del IMSS es de más de siete mil pesos. El señor Santiago Levy Algazi pensó que era mejor negocio subrogar las guarderías para que “particulares” hicieran jugosos negocios –todos ganan- en el gobierno.

De esta manera los hijos de los trabajadores serían atendidos por empleados mal pagados, sin capacitación y con instalaciones sin las condiciones de bienestar y seguridad requeridos, pero a un costo de dos mil quinientos pesos por niño. Ganando el IMSS que se ahorraría miles de pesos por niño y ganado “los particulares”, entiéndase: funcionarios, sus parientes y sus amigos. Gran negocio en todo el país a costa de la responsabilidad del Estado Mexicano de proteger y asegurar el bienestar de los hijos de los trabajadores. El águila protectora, símbolo del IMSS, se convierte en un zopilote de muerte por el neoliberalismo.

Ahora el señor Daniel Karam Toumeh, judío igual que Levy Algazi, cubre las huellas de los criminales y de la red de abusadores en todo el país, al esconder los nombres de todos los propietarios de las guarderías subrogadas de México.

La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo es un crimen de Estado. Los criollos en el poder desde 1821 han hecho de este país, su gente y sus recursos naturales, una fuente al parecer, inagotable de riqueza para unos cuantos.

Cuarenta y ocho niños muertos, que estaban bajo la custodia del Estado Mexicano, son una afrenta para el pueblo de México frente al gobierno criollo.

Porque los criollos en este país, “su país”. Tienen sus propias guarderías, escuelas, centros sociales, clubes deportivos, templos y exclusivas zonas habitacionales, perfectamente vigiladas y separadas del populacho. Esta tragedia no puede darse en guarderías de hijos de los criollos. Sí los niños muertos fueran israelíes, libaneses o españoles, seguramente el asunto sería tratado de otra manera. Todo el peso de la ley y todas las instituciones del Estado estarían tras los culpables.

La muerte de estos cuarenta y ocho niños es una afrenta al pueblo, y un crimen de Estado.

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